En la elección presidencial de diciembre del mismo año superó a Joaquín Lavín (candidato de la Unión Demócrata Independiente), su contrincante más cercano, por apenas treinta mil votos, lo que equivale a un voto por mesa. Al no haber logrado la mayoría absoluta, en enero de 2000, se realiza por primera vez en Chile la segunda vuelta electoral o ballotage, para la cual Lagos, restructuró su comando de campaña, haciéndolo más centrista, representándose este cambio en la integración al mismo de la Ministra de Justicia, Soledad Alvear (del Partido Demócrata Cristiano), para así asegurar el voto humanista cristiano. Finalmente, derrota al candidato de la derecha, Joaquín Lavín, con el 51,3% de los votos, convirtiéndose en el nuevo Presidente de la República de Chile, asumiendo el 11 de marzo de 2000.Durante el primer año de su mandato, debió hacer frente a un alto nivel de desempleo, generado por la inestabilidad política de la región, proceso que comenzó a revertirse durante finales de 2003. Pese a ello, Lagos ostentó un gran apoyo popular, que llegó a su punto máximo en los primeros meses de 2005, donde según diversas encuestas de opinión creada por su gobierno alcanzaba niveles superiores al 70%. La política de cercanía con la gente se manifestó en la apertura de las puertas del Palacio de La Moneda, que estuvieron cerradas desde el golpe de estado para los transeúntes. Así mismo fue el primer presidente de Chile que recorrió todas las comunas del país.
Su Gobierno fue sacudido en el año 2001 por las acusaciones de cohecho en contra de Patricio Tombolini, Subsecretario de Transportes, como consecuencia de irregularidades en las Plantas de Certificación Técnica de Vehículos Motorizados, acusaciones por las que este último funcionario fue condenado judicialmente, siendo finalmente absuelto en forma completa por la Corte Suprema de Chile en el año 2007.
Desde 2002, su gobierno debió enfrentar las sospechas de corrupción política, debido al procesamiento de uno de sus ministros, Carlos Cruz, y de otros funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, por el caso denominado MOP-Gate. La jueza que lleva la causa, Gloria Ana Chevesich detectó que en dicho Ministerio se encargaron asesorías a empresas externas, que funcionaron como fachada para el pago de asignaciones suplementarias a funcionarios del Ministerio; y que en algunos de esos casos, el Ministerio requería a empresas privadas fiscalizadas por ese Ministerio, que efectuaran pagos a esas empresas asesoras. En otra arista de ese caso, y como consecuencia de una entrevista a Carlos Cruz, éste reconoció que ministros, subsecretarios y otros representantes de exclusiva confianza del presidente, recibían pagos adicionales a su remuneración, figura que se denominó como "sobresueldos". La irregularidad fue reconocida por el Presidente Ricardo Lagos, especificándose que la práctica se desarrolló también durante los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Patricio Aylwin, aunque se sospecha que ella es de larga data en Chile como forma de complementar las rentas de los funcionarios de mayor responsabilidad. La postura oficial del gobierno consistió en no reconocer características de delito en las prácticas y en establecer una reforma legal que aumentara los sueldos de ministros y subsecretarios de gobierno, materia que fue aprobada en su trámite legislativo.
Durante su gobierno fructificó la modalidad de las concesiones, en que el Estado, sin perder la propiedad de las obras que licita, las entrega para su ejecución y operación a consorcios privados. Sin embargo, constantemente fue cuestionado que el Ministerio de Obras Públicas siempre aparececiera como responsable de estos proyectos, a pesar que éstos fueron financiados mediante créditos otorgados a las empresas ejecutoras por el sistema financiero chileno que se funda en las AFP's que manejan las cotizaciones de los trabjadores en Chile, rentabilizándose a través del pago hecho por los usuarios de las autopistas. Además, durante su mandato se gestó el Transantiago, proyecto que según propias palabras de la sucesora al Gobierno de Lagos, Michelle Bachelet, ha sido un rotundo fracaso básicamente porque tenía un profundo problema en su diseño y puesta en marcha.[2]
Dentro de su política social se creó un seguro de desempleo, pagado por el Estado, los empleadores y los trabajadores; la ley para reformar el sistema de salud mediante garantías explícitas a la atención (Programa AUGE); el programa de erradicación de campamentos (Chile Barrio); un programa de protección social para familias en situación de extrema pobreza (Chile Solidario); la implementación de la Jornada Escolar Completa, que sería duramente cuestionada por la movilización estudiantil de 2006 en Chile; la escolaridad obligatoria durante 12 años; la creación de una institucionalidad cultural central (Consejo Nacional de las Artes y de la Cultura); y el ya mencionado plan de transporte público en Santiago llamado Transantiago, el que hasta la actualidad ha sido un fracaso.
Además durante su mandato se aprobó la primera ley de matrimonio civil que permitió el divorcio vincular en la historia de Chile; se inició la aplicación de la reforma procesal penal; se crearon los Tribunales de Familia, aplicando el procedimiento oral a estas materias para hacer más expedita su resolución; se aprobó la Ley de Financiamiento Estudiantil con Aval del Estado, con fuertes críticas del movimiento estudiantil; y se aprobaron una de las más amplias modificaciones a la Constitución de 1980, desde que entró en vigencia.
Todos los gobiernos de la Concertación generaron avances en materia de aclarar los crímenes cometidos durante el régimen del General Pinochet. Durante el gobierno de Aylwin se emitió el Informe Rettig que dio cuenta de los ejecutado políticos y detenidos desaparecidos. Con Frei, se crearon las mesas de diálogo en que las Fuerzas Armadas debieron entregar la información que mantenían sobre el paradero de los detenidos desaparecidos. Ricardo Lagos formó una comisión para establecer la magnitud de la tortura en Chile. El 28 de noviembre de 2004, el día anterior al lanzamiento del Informe Valech, el presidente Lagos anunció que el gobierno proveería compensación a aproximadamente 30.000 víctimas de violaciones de los derechos humanos bajo el régimen militar. De las 35.868 personas que testificaron ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, aproximadamente 30.000 casos fueron considerados legítimos.
Durante 2004 debió enfrentar una serie de tensiones en su relación con los países sudamericanos, provocadas por la antigua aspiración boliviana de salida al mar. La situación engarzó con la crisis energética sufrida por Argentina, quien provee de gas natural a Chile. En reuniones bilaterales entre Carlos Mesa, presidente boliviano y Néstor Kirchner presidente argentino, el primero condicionó la venta de gas boliviano a Argentina a que "ni siquiera una molécula de gas fuera vendida a Chile". A su vez, el presidente venezolano, Hugo Chávez, apoyó en diversas instancias la ambición marítima boliviana, produciéndose un impasse diplomático entre ambas naciones. La tensión entre gobiernos decreció durante julio de 2004. Anteriormente ya había habido tensión cuando el gobierno de Chile, através de su embajada en Caracas, fue el único país del continente en reconocer el gobierno que se instaló por algunas horas mediante un golpe militar contra el Presidente Hugo Chávez en 2002, que sería rápidamente frustrado.
Su mandato destaca por la firma de tratados de libre comercio, con la Unión Europea, Estados Unidos, China y Corea.
Críticas a su gobierno
Los actos de corrupción acontecidos durante su gestión son uno de los aspectos más críticos de su gobierno. La connotación de ello no ha sido menor e inclusive causo un fuerte impacto negativo en la percepción y calificación que se tiene de la nación. En un país como Chile, con bajos niveles de corrupción; especialmente en relación a sus vecinos sudamericanos, los variados y bullados casos que han podido conocerse, han causado conmoción e ira en gran parte de la población.
Los casos MOP-Gate, MOP-Ciade, CORFO-Inverlink, EFE, son solo algunos de ellos. Estas malas prácticas se expandieron en los altos niveles de la administración pública y en ellos participaron colaboradores muy cercanos al ex mandatario. Curiosamente en 1999, durante su mandato, se promulgó una ley de Probidad. Sin embargo, dos años después, la misma presidencia emitió un decreto dando facultades para que cada repartición pública determinara, de manera arbitraria, qué información era de carácter público, reservado o secreto, dejando sin efecto la mentada ley y con ello ampliando y alimentando las críticas y suspicacias del período LagosDurante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, se le ha responsabilizado (por parte de la oposición y del mismo gobierno) por los inconvenientes que ha generado el sistema de transporte público denominado Transantiago, el que ha drenado recursos estatales, lo que ha causado molestias en la oposición y la ciudadanía. Esto se ve agravado por el hecho de que el ex-presidente se mantuvo con un bajo perfil durante la mitad del año 2007. Finalmente, para Diciembre del 2007, Lagos aparece pidiendo disculpas en una conferencia de prensa, señalando que no es el mejor sistema de transporte publico
Tras la Ocupación de la Araucanía, una zona que comprende los terrenos ubicados al sur del Río Biobío, el Estado comenzó a entregar las tierras de las comunidades mapuches a terceros (1883-1930), en el proceso conocido como "reducción". Desde esa época, las distintas generaciones de mapuches han intentado por distintas vías, la recuperación de tales territorios considerados ancestrales. A partir de 1997 comenzaron una serie de ocupaciones, tomas y atentados incendiarios en los predios pertenecientes a empresas forestales (principalmente las dependientes de COPEC y CMPC) y consideradas por muchas comunidades como territorio ancestral. La respuesta estatal a esta situación se ejecutó en su mayor parte durante el gobierno de Ricardo Lagos.
Se sindicó a la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco, como una organización de carácter terrorista y fue perseguida como tal, encarcelándose a sus dirigentes en procesos cuya legalidad ha sido cuestionada por grupos mapuche, organizaciones de derechos humanos chilenas e internacionales y las Naciones Unidas. Ejemplos paradigmáticos de esta situación lo constituye el llamado "Caso loncos" -donde los lonkos Pascual Pichun y Aniceto Norin fueron condenados a 5 años y 1 día de prisión por "amenaza de incendio terrorista" y el "Caso Puluco-Pidenco" -donde cuatro comuneros fueron condenados a 10 años y un día de prisión por "incendio terrorista". Estos casos han sido descritos por el Relator Especial para Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas Rodolfo Stavenhagen, como juicios que presentan una legalidad cuestionable. Los hechos fueron denunciados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por infracción al debido proceso, reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros fundamentos, que decretó su admisibilidad. Por otra parte, el Comité de Derechos Humanos, que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus observaciones al informe de Chile, también impugnó las prácticas contra el movimiento mapuche. En este sentido, instó al Estado chileno a modificar la Ley N° 18.314, sobre conductas terroristas (conocida como ley antiterrorista).Durante su gobierno se produjo el desastre del río Cruces, provocado por la empresa productora de Celulosa CELCO propiedad de Celulosa Arauco, en que se afectó seriamente el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter probablemente por el exceso de dioxinas, haciéndose emblemático el caso por la masiva muerte y migración de los cisnes de cuello negro. Ante esta situación la autoridad ambiental ordenó que la empresa rebajara en un 20% su producción y que presentara en el plazo de 2 años una alternativa de descarga de los RILES. La opción que propuso la empresa fue lanzarlos al mar a través de un emisario submarino frente a las costas de Mehuín lo que fue señalado por Lagos como "la única alternativa posible". Sin embargo la oposición de pescadores y comunidades mapuche lafkenche del sector ha impedido que se lleven a cabo los estudios pertinentes, aun después de terminado el gobierno de Lagos.
En los últimos días de su período, durante el mes de febrero, la Comisión Nacional del Medio Ambiente dio su aprobación al cuestionado proyecto minero binacional Pascua Lama, presentado por la trasnacional canadiense Barrik Gold, ello una vez concluido los procedimientos legales que norman la participación ciudadana en las "Evaluación de Impacto Ambiental" a los que son sometidos este tipo de proyectos. La mina se ubica debajo de los tres glaciares que alimentan el valle del Río Huasco, último río vivo en el Desierto de Atacama.
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