El colapso económico y social de 1973 producido en Chile, y manifestado en una inflación de tres dígitos, una virtual paralización de la actividad productiva y desabastecimiento, se vivió bajo el gobierno del presidente socialista Salvador Allende, y fue producto del fracasado intento de realizar en Chile una transición económica al socialismo debido a las políticas de gobierno, sumado al sabotaje de grupos opositores y el al apoyo del gobierno estadounidense a dichos sectores.[1] Fue uno de los detonantes fundamentales de la crisis política que vivió el país durante el gobierno de Allende, y asimismo uno de los antecedentes del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
La crisis tiene sus antecedentes en los problemas económicos que Chile venia arrastrando desde hace décadas.
Desde finales de la Guerra Civil de 1891, más fuerte , desde el fin de la Primera Guerra Mundial los capitales norteamericanos se apoderaron de Chile. Meyer Guggenheim entraba en los negocios del salitre, Braden en los del cobre. El Gobierno de Estados Unidos comenzaba a condicionar la politica exterior de Chile, tanto en el marco “panamericano” (que Chile durante décadas habia considerado peligroso para los intereses nacionales) como en la relación bilateral,en Sudamérica misma y en el mundo. En la explotación de recursos básicos mineros penetraba Anaconda Copper Company; en los servicios primordiales otras firmas norteamericanas remplazaban a las inglesas ; en telecomunicaciones se instaló la ITT. Gran Bretaña, entre las dos guerras, entrega el predominio imperial a los Estados Unidos. Chile pasaba de una mano a otra.
Entre los más graves se encontraba la inflación galopante, deficit fiscal, endeudamiento externo, la decadencia de la actividad agropecuaria, la necesidad de recuperar la riqueza del cobre (explotada por trasnacionales sin pagar impuesto o royalty) la mala distribución del ingreso, y los problemas sociales causadas por una explosión demográfica y una fuerte emigración campo-ciudad, causando una pobreza extrema pocas veces vista con tal fuerza en el país.
Los grupos políticos planteaban que los problemas eran estructurales, por lo que eran necesarios cambios profundos en la sociedad chilena y en las formas de producción para remediar los problemas y abandonar el subdesarrollo.
El primer intento fuerte de cambiar el sistema fue de parte de Eduardo Frei Montalva y la Democracia Cristiana durante su sextenio (1964-1970), con medidas como la reforma agraria, la chilenización del cobre, reducción de la inflación, y otras, que apuntaban a una tercera vía, entre el capitalismo y el comunismo.
Previamente la derecha había tratado de profundizarlo a través del gobierno de Alessandri quien fue elegido con un 31% de los votos por los que carecía de mayoría y/o de consensos.
Sin embargo los planes de la DC no resultaron como querían, la desfinanciación y la inflación volvieron a aumentar en 1967; miembros mas izquierdistas del partido proponían “propiedades comunitarias”, y al ver que se derechizaba, a su parecer, el gobierno, se separaron del partido; la chilenización no dio los resultados esperados, y se debatían entre la nacionalización pactada o la nacionalización dura como la plantaba la izquierda.
El electorado, en las elecciones de 1970, decidió con un 36.6% (la primera mayoría relativa) apoyar al nuevo pacto de izquierda, la Unidad Popular, por medio de su candidato Salvador Allende, que traían una nueva visión sobre los cambios necesarios en la economía chilena, basado en el pensamiento marxista que implicaba controlar los medios de producción, terminar con la propiedad privada y pasarla al estado, fortalecer la reforma agraria y la nacionalización del cobre, logrando así la transición de una economía capitalista a una socialista.
Este programa se encontraba en las llamadas "Cuarenta Medidas Básicas" as cuales fueron acordadas por los partidos comunistas y socialistas, pertenecientes a la coalición gobernante que integraban la Unidad Popular de Allende. El resultado de la implementación de tal programa fue a la larga la causante principal del colapso de la economía chilena a pesar de sus optimistas resultados iniciales, que no traspasaron el año 1971.
El caso de Chile entre 1970 y 1973, bajo el gobierno de a Unidad Popular del presidente Salvador Allende. Durante este periodo, el déficit del sector publico paso de ser un poco más del 6% del PIB hasta llegar a un abultado 30% del producto. El déficit fue financiado en su mayor parte con emisión monetaria. Entonces, no es extraño que las reservas internacionales hayan caído desde un 41 % a un 9% de las importaciones anuales. En consecuencia, el nivel medio de reservas en 1973 cubría apenas alrededor de un mes de importaciones, lo cual es ínfimo desde cualquier perspectiva prudente. En efecto, buena parte del déficit fiscal fue financiado con reservas internacionales. Un cuadro similar ocurrió en Perú entre 1985 y 1988, bajo el gobierno de Alan García. Ambos casos enseñan una lección parecida: un déficit fiscal grande y creciente, el cual es financiado con emisión de dinero, a la larga es financiado con una perdida de reservas internacionales y, por lo tanto, es insostenible.
Al regular la propiedad privada,[5] el estado estaba sobrepasando ciertas leyes que la defendían, lo cual lo revolcó del estatus de «estado de derecho», esto produjo una importante marginación del parlamento por el mal uso de la ley.[6] El ejecutivo pretendía controlar la banca, y la propiedad privada mediante el uso indiscriminado de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). Para aquello, lanzó acciones a valores sobrevaluados a los del mercado. Debido a tal malogro, Allende se acogió a «resquicios legales» que le otorgaron poder para la expropiación de importantes empresas y el control sobre los bancos y los créditos. Paulatinamente el estado se adjudicó empresas logrando así tener el control inicial de un 70% de la industria chilena, el cual se incrementaría con el tiempo[cita requerida]. Además de las medidas adoptadas según el programa de la UP, mediante las JAP`s (Junta de Abastecimiento y Precios), CORA (Corporación de Reforma Agraria) y otros organismos creados Ad-hoc, se produjeron hechos fuera de la planificación de la UP, en que facciones políticas que calificaban como "lentas" las medidas, entre ellos el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), la brigada Ramona Parra, etc, que por medio de tomas irregulares, ocuparon sin monitoreo del estado gran cantidad de hectáreas agrícolas tanto privadas como de bienes nacionales (a veces incluso terrenos ya expropiados por la CORA), fabricas, comercios y centros de producción. Luego estos eran entregados al control al campesinado u obreros que sin una organización empresarial y muchas veces sin preparación técnica para su puesta en servicio, finalmente debían entregarlas a las autoridades, sin hacerse cargo del pago de las expropiaciones como correspondía por ley, agravando por un lado la sensación de vulnerabilidad de la clase pudiente y por otro disminuyendo la producción agrícola e industrial chilena. No obstante, esta situación fue minoritaria respecto al uso legal de medios de expropiación y la mayor cantidad de áreas afectas a la reforma fueron entregadas por sus dueños al estado y al área social de la economía.
Las ideas principales del presidente se vinculaban al beneficio de la clase obrera chilena, por lo cual se mandó a aumentar la emisión de divisas nacionales y ponerlas en circulación, además de la venta total de divisas internacionales del Banco Central, lo que incrementó de forma desapacible el déficit fiscal, depreciando la moneda y causando una futura hiperinflación insostenible del 342% al final de su mandato y extraoficialmente en torno al 700%.[7] La medida causó un engrandecimiento transitorio del consumo y producción del país, mientras se mantenía la inflación a niveles razonables gracias a la fijación de precios del mercado, los cuales eran situados por el ejecutivo.
La necesidad creciente de bienes y la exagerada emisión de dinero físico producidas por el fisco a fines de 1971 son protestadas en manifestaciones de la clase media y alta contra el gobierno, como es por ejemplo los denominados «cacerolazos» o «marchas de las cacerolas vacías». Estas marchas, se originaron en el descontento social y económico causado por los efectos del sistema económico que se había implantado, que impuso entre otras medidas, pesadas restricciones a los comerciantes, de tal manera éstos fueron obligados por un lado a bajar sus precios, y por otro compelidos a aumentar la paga a los obreros, lo cual provocaría que estas terminaran quebrando, sumando a esto que la gente tenía dinero pero nada que comprar, los que acarreó un vasto desabastecimiento.
A medida que transcurre el tiempo, estas medidas se fortalecen logrando que las medidas de equidad social adoptadas por el gobierno se desplomen totalmente. Crece la tasa de desempleo, las ganancias totales del país se reducen y se polariza con mayor fuerza la sociedad.
La fijación de precios de mercado da nacimiento al mercado negro, y para 1973 una desintegración de la economía era totalmente perceptible dentro de Chile, las pérdidas económicas sufridas por la nación chilena eran superiores a las exportaciones cupríferas totales de 7 años. Se producían escenarios absurdos como por ejemplo, un huevo costaba la mitad o lo mismo que la gallina.
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